Preocupación por la reestructuración propuesta por la Consejería de Educación.

La propuesta realizada en la mañana del 4.06.2008 por Dª Lucía Figar para la formación del profesorado promete “modernizar la oferta formativa”. Para ello se realizará una inversión de unos 15 millones de euros para desarrollar unas 10.000 actividades formativas. Estas actividades podrán ser. A) presenciales, b) en línea y a distancia y c) individuales.

Por la tarde fueron citados a un reunión los directores y secretarios de los CAPs actuales, convocados por el Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Xabier Gisbert quien explicó el alcance del plan. El escrito recoge lo expuesto en dicha reunión acompañado de comentarios acabando con siete preocupaciones.

Formación presencial
La formación presencial actualmente se ofertaba en los Centros de Apoyo al Profesorado, y consistían en seminarios, grupos de trabajo, proyecto de formación en centros, jornadas y cursos, que se organizaban previa detección de las demandas que los propios centros educativos proponían.

El Plan de Actuación de los CAPs alcanzaba unas 4000 actividades con un presupuesto aproximado de 3 millones de euros. Ahora esta formación presencial se compromete a realizar unas 3.500 actividades formativas con un presupuesto de 4 millones de euros.

La única novedad es que se aumenta el presupuesto y se rebaja el número de actividades, pero además no sabemos quién detectará las demandas de los centros, a no ser que la administración ya “sepa” cuales son las necesidades formativas del profesorado, sin consultarles. Por otra parte no se habla ya de organizar jornadas, que son encuentros de intercambio de experiencias educativas entre profesores.

Oferta en línea
La oferta “en línea”, inicialmente se concreta en unos 15 cursos que controlarán unos 100 tutores telemáticos, es decir, unos 2500 profesores podrán recurrir a este sistema.

Hasta ahora los CAPs ofertaban una formación en línea con más de 40 cursos, en convenio con el CNICE, que alcanzaba a todo el profesorado que lo solicitara, y que venían siendo unos 4000 participantes. La ventaja del nuevo sistema es que se desarrollará en una plataforma propia de la Consejería de Educación y que con el tiempo incrementará tanto el número de cursos como de tutores. Lo cierto es que básicamente quien está detrás de la plataforma es ICM, un organismo autónomo, y por tanto se obvia un recurso público, CNICE lo es, y se favorece la implantación de un recurso privatizado.

El desmantelamiento
Una vez presentadas las grandes líneas maestras del plan de formación, y por tanto bien publicitado el proyecto, se aclara que para llevarlo a cabo se “reestructura la red de formación”, que consiste en agrupar en un único centro regional, el futuro CRIF Las Acacias, tres de los actuales existentes: el CRAFI el Valle, el propio CRIF Las Acacias y el reciente Centro Regional de Formación Profesional, con lo cuál ya hay una reducción de dos centros regionales.
Además la nueva red suprime 23 de los 28 “centros de apoyo al profesorado” existentes, y transforma a los únicos cinco supervivientes en Centros Territoriales de Innovación y Formación, uno por cada área territorial, situados en Madrid-Capital (Norte), Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado-Villalba y Móstoles.
Por tanto la “proximidad” a los centros educativos que garantizaba la red suprimida desaparece, o lo que es lo mismo, la distancia se agranda. Por ejemplo un profesor en Leganés ahora tendrá que consultar a Móstoles toda su demanda de formación.

Sin embargo en la red de formación se habla de crear 22 centros colaboradores de los CTIF que podrían paliar el problema de la distancia. Pero estos centros colaboradores se nos aclara en una reunión celebrada el 3 de junio en el CRIF Las Acacias, que serán centros educativos que “cedan” sus espacios para desarrollar actividades formativas en horario de tarde, pero que no tendrán ningún personal de formación adscrito.

Reducción de la plantilla
Los planes se concretan, por ejemplo, en que cada uno de los nuevos CTIF contará con una plantilla de entre 10 y 15 asesores, además de la dirección. Esto significa que de una plantilla actual de 28 asesores en Madrid_Oeste, se suprimen de 13 a 18 asesores, pero la reducción en Madrid_Capital o Madrid-Sur supera la cincuentena de asesorías en cada una de aquellas territoriales.

Derivación de la formación
Esto no va a ser un problema para la atención al profesorado, se aclara, ya que los CTIF básicamente gestionarán la demanda formativa derivándola a “otras instituciones y organismos” que serán los realmente encargados de impartir la formación, incluso de acreditarla. Para ello se va a publicar un nuevo decreto sobre la red de formación y su estructura, que deroga los tres actualmente existentes y una nueva orden de acreditación de las actividades formativas que así lo permitirá. En todas las nuevas actividades formativas se exigirá una “evaluación” que acredite el aprovechamiento, además de la simple asistencia, y parece ser que estos “organismos e instituciones” también serán los encargados de dictaminar el grado de aprovechamiento de los participantes.

En cuanto a la filosofía que inspira la reestructuración es muy simple, se desea una formación que logre profesores que dominen las TIC y las introduzcan en las aulas, que estén actualizados en metodología y habilidades sociales, que sean “competitivos” y que establezcan pautas de convivencia adecuadas. Para ello el CRIF Las Acacias será un verdadero “laboratorio de ideas” que promueva la innovación y la modernización de la enseñanza.

Ante toda esta exposición surgen las siguientes inquietudes:

Primero:
quiénes son los expertos y personas acreditadas y competentes de esta reestructuración, ya que los asesores y directores actuales no solo no han sido consultados, sino que se les ha mantenido en la más absoluta ignorancia. Tampoco nos consta consulta alguna realizada al profesorado o asociaciones o entidades profesionales o sindicales.

Segundo:
¿es posible con tan pocos asesores y centros llevar a cabo tan ambicioso plan, o existe una “segunda red de formación” en la sombra, más de carácter privado que pública, a la espera?.

Tercero:
conocemos las cantidades globales para desarrollar el nuevo plan de formación, pero desconocemos cómo se procederá al pago de las ponencias, quién librará estos pagos…

Cuarto:
lo del “laboratorio de ideas” centralizado en el CRIF Las Acacias causa cierto recelo, ya que experiencias anteriores, pongamos por caso el reciente curso de Educación para la Ciudadanía, que ahora se confirma como una experiencia previa a este plan, fue más un curso de “adoctrinamiento para la objeción de conciencia” que de preparación para impartir esta asignatura.

Quinto:
qué significa “formar profesores competitivos”, porque hasta ahora lo importante era ser “competente”, idea acorde con la inclusión de las competencias básicas que establece la LOE.

Sexto:
y muy importante, ¿por qué liquidar un modelo formativo que hasta la fecha y a lo largo de los 7 años de su funcionamiento como CAPs, ha venido demostrando competencia, eficacia, participación y satisfacción general del profesorado, modelo además generado por el actual partido político en el gobierno de esta Comunidad, por un nuevo modelo que siembra más dudas que garantías?.

Séptimo:
habrá que desmenuzar con cautela el anunciado nuevo decreto y la citada orden de acreditaciones para intentar descifrar las intenciones reales del proyecto, ya que hasta la fecha nadie ha podido dilucidar todas estas dudas. Y esta falta de transparencia en el desarrollo del proyecto suscita la lógica desconfianza en el sector público ante una Consejería que hasta hoy se ha caracterizado por su favoritismo a la privatización de la enseñanza en todas y cada una de sus actuaciones. Esta puede ser una más de esas agresiones, y casi la definitiva, si en lugar de formación lo que se pretende es simple adoctrinamiento. El ocultismo de su gestión solo puede inducir a la sospecha.

Por último, se expresan otras intenciones respecto a la acreditación, que además conllevará dificultades para el acuerdo del Estatuto Docente. Una de ellas es la consideración de mérito a la participación del profesorado en actividades extraescolares o en actividades no lectivas con alumnos, como por ejemplo: teatro, coros, actividades deportivas, Madrid por la Ciencia, Olimpiadas Matemáticas, etc.

Aquí es donde se considera el carácter “competitivo” que se quiere agregar al perfil de profesor a través de la formación: vamos no realizar la actividad en sí, sino que el objetivo será “ganar” el concurso. La mayoría de los centros públicos apuestan por el trabajo cooperativo y solidario como método más adecuado para alcanzar objetivos educativos, no por supuestos de competitividad, sino por supuestos de competencia, donde ya están presentes el mérito y la capacidad. Esta nueva orientación puede perjudicar tanto el concepto futuro de “carrera docente”, basado en profesores competitivos, pero que muy bien pueden ser muy incompetentes: todos conocemos este tipo de personas arribistas que alcanzan altos cargos favorecidos por un sistema de “agradecimiento” a la obediencia sumisa, pero vacíos de competencia educacional.

En cuanto a la posibilidad de formación individual a través de las Universidades y otras instituciones educativas, no descubren nada nuevo, ya está contemplado en la normativa vigente, y esas 7000 plazas para realizar esta formación es más o menos el mismo número actual de profesores que siguen esta modalidad y que los funcionarios docentes ya tienen reconocida y subvencionada.